El antecedente de la polémica compra de 15 millones de balas a una empresa israelí: 9.216 pistolas del mismo fabricante

La polémica adjudicación por parte del Ministerio del Interior de un contrato de 6,6 millones de euros a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A. para el suministro de 15 millones de balas del calibre 9 milímetros tiene un antecedente que se remonta a octubre de 2020. Entonces, cuando aún faltaban tres años para que estallase la guerra en la Franja de Gaza y, por tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez no había anunciado un “embargo” al comercio de armas con Israel, la misma compañía había ganado un concurso para suministrar a la Guardia Civil 9.216 pistolas. Parte de la munición ahora adquirida va dirigida a estas.

La compra de aquellas pistolas, denominadas Ramon, también se vio envuelta entonces en la polémica después de que asociaciones profesionales de guardias civiles denunciaran que el arma, que se empezó a distribuir en las unidades en 2021, diera supuestamente problemas al dispararse ya que se encasquillaba más frecuentemente que el modelo al que iban a sustituir. La compañía israelí siempre negó las críticas y achacó entonces los problemas a la munición de 9 milímetros que entonces usaba la Guardia Civil y que era de otros fabricantes. Un informe interno del instituto armado admitió fallos relacionados “con el sistema de extracción de la pistola”, que se encarga de sacar la vaina una vez percutido el proyectil.

La compañía israelí ganó el concurso al presentar una oferta por algo menos de tres millones de euros, lo que suponía una rebaja cercana al 30% sobre el precio máximo de licitación. Cada pistola Ramon salió por 269 euros, impuestos aparte, e incluía la entrega dentro del mismo precio de una funda antihurtos. El precio representaba el 60% de la valoración final del concurso, muy por encima de los aspectos técnicos. Por detrás quedó el fabricante de la pistola austriaca Glock, usada por la Policía Nacional y por las fuerzas de seguridad de otros países de nuestro entorno, cuyo oferta era 36 euros más cara por unidad.

Aquellos supuestos problemas con la pistola del fabricante israelí llegaron al Congreso de los Diputados, donde PP, Vox y Grupo Mixto se hicieron eco de las quejas de las asociaciones y presentaron una batería de preguntas por escrito al Congreso y llegaron a pedir la comparecencia de la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez. En una respuesta parlamentaria por escrito de enero de 2023, el Gobierno aseguró que de las 6.144 pistolas Ramon suministradas hasta ese momento, “87 han sufrido incidencias durante la realización de ejercicios de tiro, por lo que se solicitó al fabricante que analizara dichas incidencias, realizando este una actualización de las piezas al objeto de mejorar el comportamiento del arma con las diferentes municiones de dotación utilizadas en la Guardia Civil”. Esa mejora se extendió a “la totalidad del suministro” remarcó entonces el ejecutivo. Fuentes del instituto armado insisten ahora que los fallos fueron “puntuales” y se subsanaron. “Los agentes las tienen de dotación y no han vuelto a dar problemas”, añaden.

El pasado 16 de abril, el BOE publicó otra adjudicación del Ministerio del Interior a la empresa israelí. Se trataba, en este caso, de la compra de 463 placas balísticas nivel IV para reforzar los chalecos antibalas de los agentes del Servicio Marítimo del instituto armado por un valor superior a los 300.000 euros, impuestos incluidos. El contrato se firmó el pasado 10 de abril entre el número dos de Interior, Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, y el administrador único de la filial en España de la compañía israelí, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario.